El Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Huelva ha denunciado que la presidenta del puerto, Manuela de Paz, «continúa sin cumplir los convenios que regulan la actividad laboral. La representación de los trabajadores afirma que la plantilla no aguanta más el comportamiento antisocial que la presidenta lleva demostrando desde hace ya cuatro años».
Según asegura Comisiones Obreras en un comunicado, «una vez más, el presidente del comité de empresa, Carlos Manga, ha tenido que presentar nuevas denuncias contra De Paz. Una en la Comisión Paritaria de Madrid, por el impago de diferencias de categoría profesional (recogidas en el II Convenio Colectivo de Puertos Art. 9) cuando, según afirma la representación sindical, la presidenta del puerto “alardea de la buena economía que disfruta el puerto”. «La otra denuncia se ha presentado en la Inspección Provincial de Trabajo, por la denegación de un derecho básico y fundamental como es el permiso de lactancia, que atenta directamente contra el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, a la propia Ley de Igualdad y que ha sido respaldado por diferentes sentencias».
Estos hechos –según la nota– «fueron denunciados en el Parlamento andaluz por Jesús Romero, diputado de Podemos por Huelva. Romero planteó ayer en sesión parlamentaria una pregunta relativa a las medidas a tomar por parte del Gobierno de la Junta, tras la imputación penal de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Huelva, que puede ser constitutiva de un delito contra el medio ambiente, y de la extensas denuncias que se le atribuyen por “la supuesta comisión de hasta ocho delitos”.
La representación sindical del puerto no entiende «cómo el consejero de Presidencia, ante la pregunta sobre la imputación de la señora De Paz, contestara que era un problema laboral con los sindicatos. ¿Acaso es que los profesionales del Juzgado de Instrucción nº 5 de lo Penal no saben distinguir entre un problema laboral de lo penal y admiten a trámite ocho denuncias que tendrían, según el consejero, que resolverse en el Juzgado de lo Social? ¿Acaso el dictamen de la Fiscalía tiene más valor jurídico que el de un magistrado juez?
¿Por qué no contestó el consejero directamente a la pregunta sobre que la presidenta y el ex director gastaron en ellos mismos el 98% del presupuesto de formación o el supuesto cobro de 12.000 euros de más de lo establecido en la nómina anual de la presidenta?»
“La realidad es que la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva está imputada y tiene ocho causas judiciales pendientes del dictamen final del magistrado juez. Y que no existen imputaciones de primera ni de segunda, simplemente imputaciones, puesto que el Código Penal no recoge como tal el delito de corrupción, por lo que deberían de ser coherentes con lo prometido a los andaluces en las elecciones pasadas y actuar en consecuencia, salvaguardando así el patrimonio político de la presidenta del Gobierno andaluz del que tanto alardea”, afirma el comité de empresa.
También añaden que “los problemas laborales del puerto, que son bastantes, están todos en la Inspección de Trabajo o en el Juzgado de lo Social y no en el de lo Penal”.
El comité de empresa concluye advirtiendo que si la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva no cambia «su política de represión contra las trabajadoras y trabajadores, al final del verano se endurecerán las protestas y serán contundentes”.
