El empresario de ‘El Avispero’ se libra de la cárcel por prescripción de la pena

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La pena de dos años de prisión por delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia grave a la autoridad impuesta a J.M.S., quien fuera administrador de la finca ‘El Avispero’ a través de la empresa Agromolinillo S.A., en el entorno de Doñana, concretamente en Bonares, y que se encuentra en busca y captura desde el pasado mes de octubre, ha prescrito en este mes de marzo y no tendrá que ir a la cárcel.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, la pena de cárcel ha prescrito, ya que han transcurrido siete años desde que se dictara sentencia y cinco desde que fuera firme, por lo que esta persona ya no tendrá que ir a prisión por esta causa.

No obstante, la responsabilidad civil no ha prescrito, ya que aún queda parte de la finca que hay que devolverla a su estado natural tal y como se le condenaba en sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, en este concepto, a indemnizar a la Junta de Andalucía con alrededor de 587.000 euros y a “desmantelar a su costa las balsas de riego y demoler o retirar las edificaciones construidas, devolviendo a su estado original el suelo afectado”.

En este caso, J.M.S. fue condenado, junto a otros dos empresarios, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva en 2010 a esta pena de cárcel y al pago de una multa de 12 meses con una cuota de diez euros diarios, en una sentencia considerada “ejemplarizante” al ser la primera vez que se castigaba penalmente este tipo de delitos en la zona.

Este hombre llegó a pedir su indulto al Ministerio de Justicia, que se lo denegó el pasado mes de octubre, momento en el que se impuso una orden de busca y captura, ante la imposibilidad de localizarlo para comunicárselo.

OTRAS CONDENAS

Cabe recordar que a principios de septiembre de 2016, el Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva condenó a este empresario y a su hijo, por un delito continuado de usurpación-distracción de aguas públicas, a pagar cada uno una multa de 9.150 euros –a razón de 50 euros al día durante seis meses–, así como una indemnización conjunta de 128.410 euros a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) –por el coste del agua nunca abonado–, lo que suma un total de 146.710 euros.

Todo ello por construir, desde 2008 y sin autorización, nueve pozos con brocal a cielo abierto y autobombas sumergibles en la citada finca ‘El Avispero’, y en la zona de influencia del Espacio Natural de Doñana, donde extrajeron agua subterránea sin ningún tipo de contador y sin que conste el pago de ninguna cantidad.

Por otro lado, la Fiscalía provincial de Huelva, por otras fincas gestionadas también por esta empresa, ha solicitado tres años de prisión y una multa de más de 6.000 euros para el actual administrador de la empresa ‘Agromolinillo’ –hijo de J.M.S–, propietaria de fincas rústicas con una extensión mayor de 100 hectáreas, sitas en Moguer, en el paraje ‘Los Cristos’, en el entorno de Doñana, por realizar desde 2013 un supuesto cambio de uso de forestal a agrícola legalmente prohibido. A su vez, solicita las mismas penas para el responsable de la empresa que realizó los movimientos de tierra.

Según reza en escrito de acusación, su objetivo era destinarlas a unos agrícolas, y en concreto regadío, para plantar frutos rojos en una finca, que cuenta con hectáreas catalogadas, 2,80 en concreto, como suelo de especial protección por ser ‘Zona A’ del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), cuyo artículo 45 prohíbe cualquier cambio de uso y actividad constructiva en esos suelos. Estos hechos constituyen un delito de daños en bien de dominio público, en concurso de normas con un delito de construcción ilegal en suelo de especial protección.

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