404 familias y 759 menores atendidos en el programa de tratamiento familiar

0

Un total de 404 familias y 759 menores en situación de riesgo o desprotección fueron atendidos el año pasado por los equipos de tratamiento familiar (ETF) de la provincia de Huelva, una cifra que se ha estabilizado con respecto a 2015 (404 y 730) después del incremento del 32,4% en el número de personas beneficiarias en los últimos años.

La secretaria general de Servicios Sociales de la Junta, Purificación Gálvez, ha dado a conocer estos datos con motivo de la inauguración esta mañana de la VII edición de las jornadas ‘La toma de decisiones en el sistema de protección a la infancia’, que han reunido a todos los profesionales e instituciones que participan en la aplicación del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Riesgo o Desprotección en Huelva, impulsado por la administración autonómica en colaboración con la Diputación y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes -Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte, Moguer y Aljaraque-, y cuyos objetivos fundamentales son promover los derechos y el desarrollo integral de los menores en un ambiente familiar normalizado, así como apoyar a los padres para que cumplan de forma positiva la función parental y den una respuesta satisfactoria a las necesidades de los niños y niñas que están su cargo.

En el acto, en el que Gálvez ha estado acompañada por el delegado territorial del ramo, Rafael López, y las responsables de este departamento en el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial, Alicia Narciso y Aurora Vélez, respectivamente, se ha llevado a cabo también la presentación de la memoria de actividad del programa durante 2016 y su evolución a lo largo de los últimos cinco años.

Las jornadas se han concebido como un espacio de encuentro, debate y reflexión sobre el trabajo del personal técnico implicado en esta prestación, en la que intervienen los servicios sociales comunitarios, los ETF y los servicios de Prevención y Apoyo a la Familia y Protección de Menores de la delegación territorial. En este sentido, se ha procedido a la unificación de criterios, valoración de procedimientos, análisis de funciones y exposición de casos prácticos, a fin de mejorar la calidad del servicio que se ofrece a la población diana. Todo ello bajo la premisa de que en la toma de decisiones de los profesionales debe primar ante todo el interés superior del menor y que la familia de origen es por definición el mejor contexto para la socialización y la satisfacción de las necesidades de la infancia.

Características

El PTF es un programa fundamentalmente preventivo que tiene una doble finalidad: por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal crecimiento, suprimiendo aquellos factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno, tras decretarse una situación de desamparo. Y, por otro lado, promover, cuando sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha tomado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron. Así, se divide en dos subprogramas: de riesgo o desprotección y de reunificación familiar.

Su realización es posible gracias a la firma anual de convenios de colaboración entre la Junta y las entidades locales, que son las encargadas de implementarlo a través de los equipos de tratamiento familiar. Para ello, reciben un partida del Gobierno andaluz que este año asciende a 1.214.741 euros (el 75% de su coste total) y que va destinada a financiar el mantenimiento de los 13 ETF existentes en Huelva, dependientes de la Diputación y los ayuntamientos onubenses de más de 20.000 habitantes. Estos equipos, integrados por psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares, son los responsables de ejecutar el programa y efectuar las intervenciones con los usuarios.

La labor preventiva de los ETF, realizada bajo criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años un descenso del 11% en el número total de tutelas de menores decretadas por la Junta.

En aras de reforzar y asegurar la continuidad del programa, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales aprobó en 2015 un nuevo decreto que lo regula y otorga rango normativo, entre cuyos avances destaca la incorporación de un nuevo sistema de financiación para hacerlo más estable -se sustituye el mecanismo de subvenciones por otro de transferencias- y garantizar el respeto de la autonomía local.

Programa de las jornadas y presentación de la memoria

En las jornadas también se ha abordado el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, en marcha desde el año pasado y que recoge las líneas estratégicas de la administración autonómica en este ámbito. Dicho plan garantiza la incorporación de la perspectiva de la infancia en las políticas públicas y potencia las medidas para garantizar los derechos de las niñas y los niños, evitando situaciones de exclusión social, mediante el desarrollo de acciones intersectoriales y la promoción de un nuevo modelo de coordinación.

Otros de los temas en los que se ha profundizado han sido el interés del menor como punto de partida y principio de las medidas de protección y la toma de decisiones de los profesionales en el sistema de protección a la infancia.

El encuentro se ha completado con la ya tradicional presentación de la memoria del programa correspondiente al ejercicio anterior. Un documento que se concibe como instrumento para el análisis y valoración de las actuaciones llevadas a cabo.

Entre los indicadores más positivos que se han registrado en 2016, sobresale el incremento en el número de casos cerrados en ambos subprogramas en los que la intervención concluyó con los objetivos alcanzados (7 de cada 10). En concreto, en el 71,62% de las atenciones completadas quedó preservada la integridad de los menores o se produjo el retorno a sus familias de origen, muy por encima del 60,13% de 2015.

Asimismo, la derivación de casos al Servicio de Protección de Menores para la posible adopción de una medida protectora ha alcanzado el menor porcentaje de los últimos cinco años. Sólo han sido 10 de los 363 atendidos en el subprograma de riesgo, lo que representa el 2,75%. Se trata de una cifra bastante inferior al 13,34% del ejercicio 2010.

Igual de destacable es que el número de menores atendidos en situación de riesgo o desprotección ha alcanzado el mayor valor de la serie histórica desde 2010, con 687 en comparación a los 492 de dicho año. Este dato confirma el carácter eminentemente preventivo del programa y su plena consolidación en la red de recursos del sistema de atención a la infancia en la provincia de Huelva.

Del mismo modo, los profesionales siguen potenciando el trabajo de reunificación con sus familias de origen de los menores de hasta 6 años -el 43,21% del total-, una franja de edad de especial importancia de cara a facilitar el contexto de seguridad necesario que posibilite la reintegración con sus progenitores.

Por su parte, en cuanto a la duración media de las intervenciones, en el subprograma de riesgo el 82,82% de los casos se cerraron en un tiempo inferior a los 18 meses, mientras que en el de reunificación el 83,33% finalizaron por debajo de los 24 meses.

En la memoria se ponen de relieve otros datos significativos a tener en cuenta, como son el incremento en un 25% del número de familias que carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de los menores, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado -representan ya cerca del 50% de las participantes-, y el aumento también de menores en ambos subprogramas con diagnósticos de discapacidades, trastornos mentales y trastornos del desarrollo infantil.

Perfil de los usuarios

Las familias destinatarias del programa presentan por lo general alguna de las siguientes características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se ha adoptado una medida de protección previamente y existen posibilidades de retorno.

Con relación al perfil de los menores atendidos, en el apartado de riesgo presentan una edad media de 12 años, mientras que en reunificación familiar el más característico coincide con la franja de 4 a 6 años. El número de niños por cada familia o unidad de convivencia atendida continúa siendo aproximadamente de dos.

Las familias y menores usuarios del programa vienen derivados tanto de los servicios sociales comunitarios como del Servicio de Protección de Menores.

Recomendaciones

Como novedad con respecto a otras ediciones, el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la delegación territorial, desde su papel de coordinador del programa y responsable de la elaboración de la memoria, incorpora una serie de propuestas de mejora.

Éstas son: evaluar después del primer año de entrada en vigor la organización de las comisiones técnicas y de funcionamiento conforme al nuevo decreto; mejorar la coordinación entre los diferentes profesionales implicados en la atención a los menores con discapacidades, trastornos de salud mental y trastornos del desarrollo infantil, proporcionando más formación sobre los recursos o estrategias existentes para su abordaje; garantizar que los casos atendidos se ajusten al perfil del programa; establecer un seguimiento y supervisión de aquellas familias en las que se hayan detectado indicadores específicos de desigualdad en los niños y niñas y que pertenecen a entornos particularmente vulnerables; analizar y profundizar en las características de las familias que terminan el tratamiento con objetivos alcanzados insuficientes y que requieren apoyo permanente de los servicios sociales comunitarios; impulsar la elaboración de planes de infancia y adolescencia en los municipios de la provincia, y apoyar y fomentar la creación de órganos de participación de los niños, niñas y adolescentes a nivel local y provincial.

Compartir.

Leave A Reply