Diego González, el arquitecto que denunció los movimientos de tierras que se habían producido en la zona arqueológica de La Orden-Seminario, cuyos restos certifican que Huelva es la ciudad más antigua de Occidente, ha asegurado este miércoles que es «muy difícil» valorar el daño que esto ha podido ocasionar en la zona, por lo que ha abogado por la confección de un informe elaborado por expertos de la Universidad de Huelva (UHU) para obtener «una valoración independiente» a la ya efectuada por la Junta de Andalucía, que valora el daño en unos 300.000 euros.
En declaraciones a Europa Press, Diego González, responsable de la empresa Ánfora, encargada de una de las excavaciones llevadas a cabo en este sector, ha precisado que «es muy difícil evaluar y calcular ese daño porque ya nunca se va a saber qué cantidad ni el valor de ese material».
La zona al completo cuenta con 23 hectáreas. Once de ellas ya se investigaron entre 2005 y 2009 y los recientes movimientos de tierra han afectado a alrededor de una hectárea y media, por tanto quedarían por investigar entre diez y once hectáreas más. Por ello ha insistido en que «todavía queda mucho por excavar», ha afirmado.
Sobre este terreno, González ha asegurado que «la mayoría son de titularidad pública, de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento», por lo que ha pedido que «se cuide este espacio para que lo ocurrido no vuelva a suceder porque supone un daño irreparable, ya que a 50 metros de la zona se encontraron hace años depósitos de ídolos prehistóricos, que hoy está en el Museo. ¿Quién nos dice que tras los movimientos de tierras no se hayan destrozado estructuras de época calcolítica?», se ha preguntado.
En este sentido, ha lamentado que en la zona «se lleven a cabo desbroces y tareas de limpieza que dañan los restos aún existentes en estas parcelas».
Respecto a la valoración de la Junta de que el yacimiento arqueológico de Santa Marta-La Orden supone el 0,04 por ciento de la zona arqueológica existente en Huelva capital, que alcanza una extensión total de 38.686,20 metros cuadrados, ha precisado que «no se debe minusvalorar el hecho de afectación y el posible delito cometido».
En cuanto a la tasación económica, que alcanza en un principio, según el informe de la Junta, los 300.000 euros, el arqueólogo asegura desconocer el método utilizado para obtener esta cuantificación, «ya que no se sabe a ciencia cierta el material que existía en la zona».
Por último, ha señalado que tampoco entiende las medidas cautelares tomadas por parte de la Junta para la paralización de las obras, ya que, según ha apuntado, el 8 de enero fue cuando tuvo conocimiento de los movimientos de tierra y en esa fecha «ya habían culminado».
