La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha asegurado que si el próximo lunes se confirma en la Mesa General de Negociación del Empleado Público de la Junta de Andalucía el recorte de las pagas extra de 2014 a los trabajadores que dependen de esta Administración, el sindicato pondrá en marcha una campaña de protestas y movilizaciones que comenzaría de forma inmediata.
CSIF asegura que esta medida afectará a 18.900 empleados públicos en la provincia de Huelva que verían nuevamente mermados sus salarios si la Junta decide finalmente eliminar los complementos autonómicos de las pagas extra de junio y diciembre. Por ello, desde la organización se afirma de forma rotunda que “no vamos a consentir, de ningún modo y bajo ningún pretexto, que se consume un nuevo ataque a las condiciones sociolaborales y económicas de unos empleados públicos que ya han perdido casi un 40 por ciento de poder adquisitivo desde la llegada de la crisis”.
La Central Sindical tiene ya diseña la campaña de protestas y movilizaciones contra la posible medida y a través de su asesoría jurídica está estudiando la posibilidad de recurrir ante los tribunales de Justicia -como hizo con el Plan de Ajuste 2012/2013- el que considera “un desproporcionado ataque de la Junta a sus trabajadores que vuelven a ser discriminados por una Administración que los volverá a convertir presumiblemente en los únicos de todo el país que no cobren íntegramente sus retribuciones extraordinarias el próximo año”.
No obstante, CSIF confía en que la Junta desmienta cuanto antes la posible aplicación de la medida y dé las explicaciones oportunas el próximo lunes en la Mesa General de Negociación. Para la Central Sindical, existen muchas medidas para ajustar un presupuesto que, desde hace tiempo, se viene vendiendo como “restrictivo” antes de acudir de nuevo al recorte de las condiciones de los empleados públicos. Entre las propuestas que la organización ya presentó en 2012 como alternativas -y que siguen sin ejecutarse- destacan la reducción del número de altos cargos, el recorte de las retribuciones de los parlamentarios y un estudio pormenorizado de los gastos derivados de la Administración para eliminar aquellos que sean prescindibles o superfluos.
Finalmente, CSIF vuelve a advertir que “pondrá en marcha toda su maquinaria provincial y autonómica para que la Junta de Andalucía recapacite y no vuelva a actuar de mala fe contra unos trabajadores que ya han sufrido numerosos recortes en los últimos cuatro años y que siguen siendo el objetivo de las medidas económicas de la clase política, con efectos perjudiciales -además- sobre el empleo y el consumo”.
