El alcalde de La Nava asegura que «paralizó las obras» en la finca

El alcalde de La Nava, el socialista Francisco Fernández, ha asegurado este martes ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, que lo juzga por un delito continuado de prevaricación, que «paralizó las obras» de rehabilitación de una nave agrícola hasta en dos ocasiones, sita en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al considerar que «no se ajustaban a derecho».

El alcalde está acusado de tramitar supuestamente desde 2007 a 2010 tres licencias de obras de manera irregular, solicitadas por la mujer del exconcejal de Urbanismo, de 2006 a 2009, y por este mismo, ambos también acusados, para rehabilitar la citada nave agrícola.

De igual forma, están acusados un agente de medio ambiente y el arquitecto municipal, el cual ha reconocido que hubo «error en las formas» para acelerar el proceso, que era para «bien» del pueblo ya que se iba a instalar una empresa relacionada con el automovilismo con una previsión de empleo de 45 puestos de trabajo, de lo que se arrepiente. «Pensamos que el buen fin iba a justificar los medios», ha remarcado.

Por ello, el Ministerio Fiscal solicita para el alcalde la pena de dos años de prisión por prevaricación y la inhabilitación para empleo o cargo público durante nueve años, la misma pena que pide para el exedil y su esposa.

No obstante para el arquitecto municipal y para el agente, el fiscal solicita, además de estos dos años, cinco años y tres meses de prisión y cinco más de inhabilitación y una multa de casi 9.000 euros a cada uno, por prevaricación y falsedad en documentos oficiales.

Durante su declaración, el alcalde ha manifestado que tenía conocimiento de que la esposa del citado exconcejal había solicitado una licencia, como propietaria, en 2004 para ampliar una nave para uso agropecuario, sin embargo se le concedió en 2007 «ya que se percibieron unas anomalías existentes» en su tramitación porque «las obras realizadas no se adecuaban en ese momento a lo solicitado», por lo que ha asegurado que mandó que fueran paralizadas.

Preguntado por el informe del agente de medio ambiente, al estar enclavada la finca en el parque natural, el primer edil ha asegurado que la licencia «iba acompañada del informe», sin embargo la fiscal le ha recordado que ante el juez de instrucción éste reconoció que «al entregar la licencia pudiera faltar un documento obligatorio».

Del mismo modo, ha insistido en que no conocía que «las obras estuvieran ya terminadas», a pesar de que fueron paralizadas, a lar par que ha manifestado que «ha delegado mucho en los ténicos» por falta de conocimiento, así como que tampoco sabe si la empresa instalada en la finca «ha contratado a gente del pueblo».

«UNA SUBVENCIÓN»

Por su parte, el arquitecto municipal del Ayuntamiento hasta hace un mes y medio, ha declarado que el exconcejal, el cual no ha estado presente en el juicio ni su esposa tampoco, le dijo que «necesitaba un proyecto para acceder a una subvención», al tiempo que ha reconocido que le entregó una documentación que él «no había realizado» como arquitecto ni que tampoco estaba visada por el Colegio y «debería haberlo estado». «Estuve en una situación comprometida e hice ese favor sin cobrar nada», ha manifestado.

«Las obras estaban terminadas cuando se concendió la licencia y creo que el alcalde conocía eso», ha remarcado este arquitecto, quien ha manifestado que entiende que «el alcalde lo hizo por ayudar al exconcejal y que consiguiera esta subvención».

Tras asegurar que mantuvo reuniones tanto con el alcalde como con el concejal para que una actividad de inspección de vehículos se instalara en la citada finca, ha señalado que en uno de esos encuentros se concretó que la única forma de hacerlo viable y que «estos señores –por la empresa– no se fueran es permitir que la adaptación inicial se hiciera considerando el edificio de forma agropecuaria y tiempo habrá para poder normalizar la situación».

LA EMPRESA SIGUE EN FUNCIONAMIENTO

Sin embargo, asegura que, incluido él, «todos conocían que esta activida inicial no cumplía los parámetros de la edificación ni su uso». Del mismo modo, ha señalado que las tres licencias se resolvieron por el mismo procedimiento como «solución rápida» para que la empresa, que paga un alquiler de 3.700 euros y que sigue en funcioamiento hoy día, no se fuera.

Por su parte, la fiscal reseña en su escrito que el alcalde inició un proyecto de actuación para el cambio de uso por interés social, a sabiendas de que dicha solicitud «no había cumplido el procedimiento establecido».

Por otro lado, el agente de medio ambiente acusado, según la fiscal, «amigo de los propietarios», ha reconocido que el exconcejal le informó de que «le corría prisa» el informe, el cual lo elaboró con rapidez «por casualidad», indicando además que no conocía «la finalidad de la nave y que en el proyecto venía que era una ampliación por un tema agropecuario».

El agente ha señalado por último que en aquellas fechas no tenía el municipio de La Nava asignado dentro de sus competencias, sin embargo ha asegurado que era «habitual» que se actuara en otros términos municipales «normalmente por ayudar a algún compañero».