(Texto: Sección sindical ACAIP-Huelva) Hace unos meses dábamos cuenta desde el sindicato ACAIP del Centro Penitenciario de Huelva de la vertiente sindicalista del director de la prisión con motivo de las elecciones sindicales, pero ahora parece haber descubierto una vocación nueva, relacionada con la profesión sanitaria. Los funcionarios de prisiones formamos parte de la Administración Civil del Estado, sometidos a las leyes civiles; a pesar de ello el director intenta imponer un régimen de control absoluto sobre los funcionarios, hasta el punto de tener que autorizar o no, según su criterio, la salida de aquellos trabajadores penitenciarios, que aún «con informe de un facultativo del propio centro penitenciario certificando una enfermedad, dolencia o accidente laboral», y «recomendando reposo domiciliario» deben trasladarle este hecho al director (vía jefe de servicios) decidiendo él «en última instancia la autorización de la salida del trabajador afectado».
Creemos que esta orden pudiera afectar a derechos fundamentales, y poner en peligro, en determinadas circunstancias, la salud y la integridad física de los trabajadores de la prisión toda vez que un funcionario con «un informe certificado» emitido por un medico de la prisión pudiera no ser autorizado a abandonar su puesto de trabajo si no lo autoriza el director o el mando de incidencias. Como quiera que la prestación de nuestro trabajo es de 24 horas al día los 365 días del año, nos parece temerario supeditar esa autorización de salida al criterio de la Dirección o el Mando de Incidencias, cuando pudiera existir un riesgo vital que requiriese una actuación médica urgente.
Desde nuestra posición manifestamos nuestras dudas sobre la legalidad de esta medida, toda vez que se puede dar la paradójica situación de que un funcionario al que un facultativo de la prisión «recomienda reposo y le certifica una enfermedad», se le pudiera denegar la autorización de salida por parte de una persona (Director o Mando de Incidencias) que no tiene el título de médico. Tampoco aludiremos a cuestiones de respeto al Código Deontológico de la Administración ni en si pudiera entrar en colisión del derecho a la intimidad del funcionario enfermo, de cuya dolencia pudiera tener conocimiento un profesional diferente al área sanitaria.
Esta manera de dirigir el centro penitenciario basado en el control férreo de los funcionarios, viene siendo práctica habitual por parte de esta Dirección y ya fue denunciado en anteriores ocasiones por ésta y otras fuerzas sindicales del centro penitenciario. Ya hace unos meses dábamos cuenta de «el grave deterioro de las condiciones de trabajo de nuestro centro» debido a la «nefasta gestión de personal llevada a cabo por la dirección del centro». Se están produciendo pérdida de derechos, cambios de servicio en base a razones totalmente subjetivas y /o personales, determinadas faltas de previsión en la cobertura de determinados servicios, interpretaciones restrictivas de derechos de los funcionarios que concilian la vida laboral y familiar, etc. Este orden de cosas está provocando un amplio rechazo en amplios sectores de esta plantilla de funcionarios.
Con el mejor ánimo de clarificar esta insólita situación, desde esta Sección sindical de ACAIP-Huelva nos hemos dirigido al director hace más de diez días, sin haber hallado respuesta alguna y recientemente al subdelegado del Gobierno, al que se le solicitado la expresa derogación de esta orden de la Dirección del Centro, así como su intervención, a fin de que pueda poner orden en ésta controvertida situación, dada la falta de criterio, las arbitrariedades y la total falta de diálogo en la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos por parte de la dirección de la prisión.
