El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva ha aplazado hasta el próximo viernes 9 de octubre a las 11,00 horas el juicio contra el exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado, Juan Carlos Sánchez, y de los concejales de su equipo de gobierno Rosario Rosado, Davinia Palacios, David Benjumea y Dolores Ramos, por un presunto delito continuado de prevaricación contra Sánchez y de prevaricación contra el resto en la adjudicación del contrato de recogida de basuras a Cespa en 2006.
Antes de comenzar la vista oral, el juez ha decidido aplazar el juicio ante la imposibilidad de declarar como testigo la que era interventora del Ayuntamiento en aquellas fechas, al no tener constancia el juzgado que le haya llegado la citación judicial.
Por su parte, la acusación, el propio Ayuntamiento, ahora gobernado por el PSOE, ha renunciado a las testificales de la secretaria del Ayuntamiento y de la asesora jurídica cuando se produjeron los hechos, y ha pedido finalmente una indemnización de unos 60.000 euros, como responsabilidad civil, en vez de los 327.485 que reclamaba en un principio, mientras que la Fiscalía pide el archivo de la causa.
Cabe recordar que la acusación contra el exalcalde y los concejales se basa en el hecho de que el Ayuntamiento aprobó contratar los servicios de la empresa Cespa, por valor de 327.485 euros, a pesar de que el informe del interventor municipal indicaba «la insuficiencia de crédito disponible» para hacer frente al pago de este contrato, una cantidad que la compañía reclamaba al Consistorio.
En declaraciones a los periodistas Carlos Sánchez ha remarcado que espera que «se haga justicia y que se entienda que lo único que hemos hecho ha sido trabajar por el pueblo». Del mismo modo, espera que «la propuesta de la Fiscalía sea definitiva y haya una resolución favorable».
En este sentido, ha explicado que su equipo de gobierno «intentó que el servicio de basuras municipal pasara de costar un millón a unos 300.000», por lo que considera que «no ha habido nada».
No se trata de la primera causa por la que Carlos Sánchez se sienta en el banquillo, ya que en mayo de 2013 fue condenado a siete años de inhabilitación especial de empleo o cargo público para ser alcalde o formar parte de una Corporación local por un delito de prevaricación, en relación a la ejecución de unas obras en el parque Ramos Mantis del municipio entre los años 2005 y 2007.
A su vez, está procesado y pendiente de señalamiento de juicio, contra Sánchez y otros concejales y exconcejales del PSOE por los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y de desobediencia, así como a un extécnico municipal, por la supuesta recalificación de unos terrenos rústicos para ubicar en los mismos el recinto ferial de la localidad entre junio de 2005 y marzo de 2007.
