El exalcalde de Bollullos Par del Condado Francisco Díaz Ojeda ha declarado este lunes ante el Juzgado de lo Penal número dos, al estar acusado por un delito de desobediencia a la autoridad judicial al no dar cumplimiento a la readmisión de los despedidos del Consistorio como establecían sentencias judiciales, que «no ha habido voluntad de desobedecer» a la justicia.

Durante el juicio que ha quedado visto para sentencia, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el exprimer edil ha asegurado que no les pudo readmitir en su momento «ante la circunstancias económicas del Consistorio».

En este sentido, ha hecho hincapié en que consultó la situación con los departamentos de Tesorería e Intervención y finalmente el Ayuntamiento «fue admitiendo paulatinamente a estos trabajadores, conforme se iba pudiendo». De hecho, «todos los requerimientos efectuados cuando se ejecutaba la sentencia han sido atendidas».

También han declarado algunos funcionarios del Consistorio que han remarcado que «la situación económica del mismo era insostenible», así como los propios trabajadores afectados, que han insistido en que «pasaron cuatro años desde que el juez ordenó su readmisión hasta que fue efectuada».

Las conclusiones han sido elevadas a definitivas y la acusación particular, al igual que la Fiscalía, ha solicitado su inhabilitación especial durante dos años para cargo público, pidiendo el Ministerio Público además diez meses de multa a razón de diez euros de cuota diaria, que asciende a la cantidad de 3.050 euros.

Los hechos se remontan al 20 de enero de 2009, cuando en un pleno municipal se declararon inválidos los contratos de unos 40 trabajadores –que habían sido contratados por el anterior alcalde– con derecho a recibir una indemnización como despidos improcedentes.

Así, frente a estos despidos, los trabajadores formularon las correspondientes demandas, dictándose sentencias por las se calificaban «nulos» por discriminación y condenaba a dicho Ayuntamiento a la readmisión de los mismos y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta su readmisión.

Por parte del Consistorio se presentaron recursos que fueron desestimados y, pese a que la readmisión se ordenó en 2009, desde el colectivo han apuntado que acudieron a la vía penal ante el incumplimiento de las sentencias ya que no fue hasta diciembre de 2012 cuando se hizo realmente efectiva su readmisión en sus puestos de trabajo, «casi cuatro años después». Fue en esa fecha cuando volvieron a sus puestos y se normalizó su situación.

Por ello, este colectivo espera que, una vez se produzca esta vista, haya una sentencia y «se pueda dar por terminado» este asunto para que se ponga de manifiesto que «la justicia llega tarde, pero llega».

«APOYO INCONDICIONAL»
De otro lado, la formación Independientes por Bollullos Par del Condado (Huelva) mostró su «apoyo incondicional» al exalcalde de la localidad y miembro de esta partido, Francisco Díaz Ojeda.

Según informaron a Europa Press desde Independientes por Bollullos, esta formación y sus ediles en el Consistorio Adrián Clavijo, Alberto Díaz García, Isabel Valdayo Fernández, Rocío Iglesias y Lidia Calvo Lagares expresaron su apoyo a Díaz.

«Estamos contigo y estamos orgullosos de tenerte en nuestras filas, porque entendemos que todas tus decisiones y hechos han ido siempre orientados a velar por los intereses de nuestro pueblo y no por los de unos cuantos», apostillaron.

De este modo, indicaron que «no toleran las injusticias», porque creen en «un sistema de igualdad, mérito y capacidad para optar a un empleo público».

APOYO DE UGT A LOS TRABAJADORES
UGT ha recordado en un comunicado que «estuvo al lado de todas las personas afectadas por los despidos declarados nulos en 2009 en este Ayuntamiento», así como protagonizó junto a los trabajadores numerosas concentraciones y encierros para pedir la readmisión de estos trabajadores.

Del mismo modo, recuerdan desde el sindicato que miembros del mismo fueron desalojados de un pleno en el que se pedía la readmisión y la ejecución de la sentencia.

Por último, ha tildado de «inadmisibles» estas actuaciones y considera el actual «un buen momento para demostrar que saltarse lo que dicta la justicia tiene sus consecuencias graves» y espera que este juicio sea «un buen ejemplo».