La AUGC denuncia la prórroga de la privatización de la seguridad penitenciaria

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado en un comunicado de prensa que el Gobierno del Partido Popular ha prorrogado a dos meses de las elecciones generales del 20 de diciembre el contrato suscrito con distintas empresas de seguridad privada en todos los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, incluido el del centro penitenciario de Huelva, en el que actualmente trabajan seis vigilantes privados de la empresa ‘Ombus’.

Para la AUGC «resulta muy revelador que cuando en octubre de 2014 se inició la segunda fase de dicho proceso privatizador, la Secretaría de Estado de Seguridad informó detalladamente sobre las condiciones del contrato, y sin embargo la prórroga del mismo se ha llevado a cabo sin informar a nadie».

Así, y ante los rumores existentes entre los propios vigilantes privados, AUGC tramitó un escrito al Secretario de Estado de Seguridad preguntándole si se había producido la prórroga, así como el coste económico concreto de la misma, a lo que ha contestado de forma afirmativa. La AUGC «considera injustificable que se prorrogue un contrato tan relevante poco antes del proceso electoral, imponiendo a un posible nuevo gobierno un compromiso de varios millones de euros por unos servicios absolutamente innecesarios y duplicados».

En el escrito de la Secretaría de Estado se asegura que “no se han producido modificaciones ni en los aspectos técnicos ni económicos”, pero lo cierto es que en algunos de los centros penitenciarios se ha incrementado el número de vigilantes privados tras el inicio de la prórroga, y obviamente la prolongación durante un año del contrato debe conllevar un considerable incremento del coste económico, teniendo en cuenta que la segunda fase del proceso privatizador conllevaba un gasto de más de 33 millones de euros, según anunció el propio Gobierno.