El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado que la alcaldesa ha anulado las concesión de la gestión del Tanatorio Municipal a empresas vinculadas a una asesora municipal que además mantenía deudas con el propio ayuntamiento, y ello tras estimar el recurso de reposición interpuesto por el propio Portavoz de UPU.
Así, la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, en Decreto dictado en el día de hoy, estima el recurso interpuesto por D. José Carlos Hernández Cansino contra el Decreto de 24 de la alcaldía de 24 de febrero de 2016 pr el que adjudica a la empresa Tanatorio Punta Umbría s.l. el contrato de gestión de servicio público de Tanatorio Municipal declarando que concurre causa de nulidad de derecho administrativo prevista en el artículo 32 d) del TRLCSP al considerarse que la empresa está incursa en las causas de prohibición de contratar señaladas en el articulo 60.1 subapartados d) y G9 en relación con el artículo 60.3 ambos del TRLCSP.
Recordamos que Águedo adjudicó el pasado 24 de febrero el contrato de gestión del servicio funerario municipal a la entidad Tanatorio Punta Umbría SL, cuyo principal accionista es Rafael Arias, pareja de una asesora nombrada «a dedo» por la regidora, Rocío Pérez Flores, quien también había ejercido durante años de secretaria personal del anterior alcalde, Gonzalo Rodríguez Nevado.
Según Hernández Cansino, el recurso denunciaba que la adjudicación es «nula de pleno derecho», ya que incurre en una manifiesta prohibición de contratar estipulada en la Ley de Contratos del Sector Público, que impide adjudicar contratos municipales al personal al servicio de la Administración, «su cónyuge o persona con la que mantenga análoga relación afectiva». Éste es el caso, señala Hernández, de Rafael Arias. El propio concejal de UPU advirtió de esta incompatibilidad en la mesa de contratación el 4 de febrero pasado, pero “la alcaldesa prefirió adjudicar el contrato a la empresa de su asesora a sabiendas de dicha irregularidad”.
Según Hernández Cansino el cambio de empresa se debe “a una maniobra para eludir el pago de deudas de la anterior empresa adjudicataria, JOPERIVE S.L., también propiedad de la asesora, que por ejemplo debe al ayuntamiento varios años en concepto de canon por la concesión del tanatorio”
Al hilo de esta adjudicación, UPU ha podido constatar que las irregularidades vienen produciéndose desde 2011, permitiéndose de forma ilegal el cambio de titularidad en la concesión inicial del contrato e incluso la prórroga ilegal del mismo a su finalización en noviembre de 2014. Así. Según José Carlos Hernández “ el entonces alcalde, Gonzalo Rodríguez Nevado, en lugar de convocar un concurso, prorrogó el contrato de explotación del tanatorio municipal con una empresa cuya única socia era su secretaria y tenía deudas con el ayuntamiento que presidía”.
Investigación judicial por tres delitos
El juzgado de instrucción nº 2 de Huelva ha iniciado una investigación tras la denuncia presentada por el portavoz de UPU, por los delitos de Prevaricación, Fraude en la Contratación y tráfico de Influencias, habiendo requerido ya el Juzgado tanto al ayuntamiento como al Registro Mercantil documentación relativa a la adjudicación del tanatorio y a las empresas vinculadas a la asesora municipal.
Para el Portavoz de UPU, “estamos ante un claro caso de corrupción política pues todo hace indicar una deliberada voluntad de beneficiar a la empresa familiar de la Sra. Pérez Flores, que además ha tenido desde su posición como secretaria de alcaldía pleno y privilegiado conocimiento de todo, obviando también los responsables municipales de forma deliberada las circunstancias que impedirían su contratación, pese al perjuicio que ello conllevaba para el interés público”.
A lo anterior además, habría que sumar la denuncia de otro licitador presentada en el ayuntamiento acerca del supuesto cobro irregular de las tasas municipales que ha venido haciendo la empresa que gestiona el tanatorio, cobrando un 20% más de lo aprobado por el Ayuntamiento, lo que según Cansino “ de ser así supondría una estafa para los ciudadanos de Punta Umbría”.
