(Texto: José Luis Pascual-Sindicato Acaip) La Administración Penitenciaria realiza una asignación ILEGAL y ARBITRARIA de las ayudas de acción social, DISCRIMINANDO a los estudiantes de las Universidades Públicas.
Cientos de estudiantes matriculados en las Universidades PUBLICAS de este país, quedan fuera de la asignación de ayudas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, mientras si se le conceden a la totalidad de los matriculados en las universidades Privadas.
Acaip, acudirá ante los Tribunales de Justicia para exigir que se depuren las responsabilidades que pudieran existir.
Los Subdelegados del Gobierno de todas las provincias de España están trasladando al Ministerio del Interior y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las quejas presentadas por Acaip, (Sindicato mayoritario de Instituciones Penitenciarias) por la INTOLERABLE Y ARBITRARIA gestión realizada por la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del Plan de Acción Social del año 2017, en lo relativo a las ayudas para estudios de los hijos de los empleados públicos penitenciarios.
Muchas Subdelegaciones del Gobierno, a la vez están comunicando a este Sindicato su más enérgica queja contra la actuación de la Secretaria General, sobre un asunto de tal calado y lo impresentable que les parece que se esté impidiendo que las ayudas de dinero público reviertan en las universidades públicas, mientras la Secretaría General se asegura que todo el importe de la partida se destine al apoyo de universidades privadas.
Es más las propias Subdelegaciones Provinciales del Gobierno, están trasladando a las Consejerías de Educación de las correspondientes Comunidades Autónomas, el asunto, para que inicien actuaciones que impidan esa discriminación de lo público, ya que la Gestión de las Educación Universitaria es una competencia transferida a las comunidades autónomas.
Resaltar que en todas las provincias del territorio español existen funcionarios afectados por esta discriminación, ya que la Gestión del Plan de Acción Social realizada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha supuesto en la práctica, que los hijos de los empleados públicos penitenciarios que se han matriculado de sus estudios en las Universidades Públicas de este país no han podido contar con las ayudas del plan de acción social, que en cambio, sí han tenido los matriculados en las Universidades privadas.
El Plan de Acción Social de Instituciones Penitenciarias, está dotado con un porcentaje del conjunto de la masa salarial de todos los trabajadores, por lo tanto pertenece a los propios trabajadores de prisiones. Dentro de ese Plan de Acción Social, se abarca a distintos programas de ayudas a los empleados públicos y a sus familias, como lo es el programa de ayuda a la Formación y Estudios de los hijos de los empleados públicos penitenciarios, contando en la anualidad actual, este apartado, con un presupuesto inicial de 1.563.324,5 €.
Acaip, como Sindicato mayoritario en Instituciones Penitenciarias y con representación en la totalidad de provincias de España, ha presentado Quejas por la Asignación ILEGAL y ARBITRARIA de las ayudas de acción social en la partida de ayudas para estudios de hijos de Empleados Públicos de IIPP, que conllevan la discriminación de los estudiantes de Universidades Públicas, presentado esas quejas tanto ante el ministro de Educación como del Ministro del Interior, a la vez que hemos solicitado a todas las Subdelegaciones del gobierno su ayuda en la defensa de las Instituciones Públicas, solicitándole que pongan en marcha cuantas iniciativas o medidas consideren oportunas para IMPEDIR LA DISCRIMINACION de las universidades Públicas.
Sin ninguna duda, La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de forma sectaria y torticera, ha realizado una gestión del Plan de Acción Social inadmisible, que demuestra claramente lo que esta Secretaría General está realizando con la totalidad de la Gestión de Prisiones, ya que “apuesta” decididamente por tirar por tierra la gestión pública y apostar por lo privado.
El hecho de destinar dinero público, para beneficiar a las universidades Privadas, en detrimento de las Públicas, nos parece del todo INTOLERABLE, establecer unas bases que impidan que los matriculados en las universidades públicas tengan los mismos derechos que los matriculados en las privadas está claro que significa poner al Estado al servicio de iniciativas privadas con intereses totalmente distintos a los intereses generales del sector público.
Es notorio, claro y evidente la intencionalidad de discriminar a todo aquel que se matricule en las universidades públicas de este país, y es NITIDA la intencionalidad de asegurar el destino de la ayuda hacia aquellos que se matricularan en la universidad privada.
De todo esto hay una responsable que representa por Delegación al Subsecretario del Interior, que no es otra que la Subdirectora General de Recursos Humanos, Ana María Velasco Rodríguez, mano derecha del gran artífice del deterioro de lo público en Prisiones, Angel Yuste Castillejo, Secretario General de Prisiones, a los cuales le hemos exigido explicaciones sobre lo acontecido, no teniendo NINGUNA explicación ajustada a lo “presentable” de este hecho insólito, por lo tanto entendemos que deberían, una vez descubierto su oscuro e inconfesable propósito, dejar la Administración Pública, ya que demuestran su escaso o nulo compromiso con lo público.
Acaip, también le ha trasladado a la totalidad de Rectores de las universidades Públicas de nuestro país, que los trabajadores penitenciarios, consideramos, la discriminación a la que se somete a las Universidades Públicas, totalmente DETESTABLE y que entendemos no se debería de haber producido nunca. Como es obvio nos hemos puesto a su disposición para emprender cuantas acciones consideren oportuno para salvaguardar la igualdad de trato y oportunidades que deberá de tener el ministerio del Interior con estas Universidades.
Ante esta situación, teniendo en cuenta que a pesar de las Quejas planteadas por todos los estamentos, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias continúa adelante con el atropello deliberado de lo público, estando seguros que lo hace por tener intereses inconfesables e impresentables y pensando que con toda seguridad esos intereses están al margen de la ley o al menos en contra de los intereses generales, este Sindicato acudirá ante los Tribunales de Justicia para exigir que se depuren las responsabilidades que pudieran existir.
(Jose Luis Pascual es presidente de Acaip)
