(Texto: Isabel Brito. Coportavoz de EQUO en Huelva) En la provincia de Huelva la pesca está en situación crítica desde hace mucho tiempo y las señales de alarma del sector no han sido atendidas por los diversos gobiernos autonómicos responsables. Esto se ha materializado en una situación insostenible para el mantenimiento de nuestros recursos pesqueros y se ha creado además un peligroso binomio: una economía sumergida basada en la pesca y marisqueo ilegal y una salud pública en riesgo por la comercialización ilegal del pescado y el marisco.
No sólo no se ha atendido por el gobierno andaluz la gravísima situación del sector pesquero, sino que ha sido cómplice, mirando para otro lado mientras se mantenía la ilegalidad de las capturas. Lo ha hecho no poniendo a disposición los recursos y empleos necesarios para controlar y vigilar un sector primario decadente y esquilmado.
En Huelva la pesca no es sólo un sector económico sino toda una forma de vida basada en un patrimonio cultural y natural único y exclusivo, almadrabas, puertos pesqueros, salinas, lonjas, torres ancestrales, que se incorporan como huellas vivas a los magníficos espacios naturales protegidos que gozamos en toda la costa, desde Ayamonte hasta Matalascañas, Paraje Natural del río Piedras, Flecha del Rompido, Parque Natural Marismas del Odiel, y Doñana.
Tristemente este patrimonio está hundiéndose con la complicidad absoluta de nuestros representantes políticos, cuyo deber es conservarlo y mejorarlo. Unos representantes que no dan solución ni a la situación de las reservas pesqueras y marisqueras de nuestra costa, ni a los trabajadores del sector, que no reciben la debida asistencia para reciclarse y adaptarse a las condiciones actuales de nuestro litoral. Un litoral sometido a la sobrepesca, a la contaminación por vertidos urbanos y marinos, a la falta de control de especies exóticas y a la falta de vigilancia entre otras.
De poco parece estar sirviendo ni la aprobación de la Estrategia Marina de la Demarcación Marina Sudatlántica enmarcada en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino, ni la ampliación de la superficie de la Reserva de Pesca en la zona del Estuario del Guadalquivir hasta los 402, 0,6 km2, creada en 2004, como reservorio y garantía del mantenimiento de individuos adultos de las principales especies pesqueras, ni la creación de la Reserva Marisquera del Litoral de la provincia de Huelva en 2011.
La regulación normativa por sí sola no frena los problemas de fondo del sector pesquero si no se acompaña de la dotación de recursos humanos, materiales y económicos necesarios para hacer cumplir sus requisitos y condiciones.
Prueba de esta falta de soluciones definitivas es la situación actual. Este verano, sin ir más lejos, la cuota anual de sardina se agotó en julio, con el consiguiente aumento de precio de la sardina.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ya denunció también en verano la situación del Servicio de Inspección Pesquera poniendo de manifiesto que de las 3 embarcaciones con las contaba, 2 no estaban operativas por falta de presupuesto y personal y que sólo 1 contaba con inspectores. También carecían de personal de tripulación. Por tanto no podían garantizar que no hubiera furtivismo.
De hecho así lo ha constatado esta semana nuestra parlamentaria andaluza, Carmen Molina, en el Parlamento, informando de la dramática situación del Servicio de Inspección Pesquera de nuestra provincia. El 70% del pescado y marisco que sale a comercialización es ilegal, habiéndose decomisado ya 70.000 kilos de productos pesqueros. Lo peor del caso que el gobierno prefiere el decomiso por las cuantiosas sanciones que prevenir y controlar que esta situación no se produzca.
Más allá de la situación de la Inspección Pesquera, la manera insostenible de abordar la pesca empieza a generar auténticos conflictos sociales y divisiones entre las flotas gaditanas y los pesqueros onubenses de Isla Cristina y Punta Umbría, generándose un cruce de acusaciones sobre todo de la flota gaditana hacia la onubense tras la orden de prohibición de pesca de la sardina desde el 1 de septiembre.
Por otra parte tampoco los intercambios de cuota con Portugal y el Cantábrico aportan una solución definitiva al problema y es un nuevo parche para el sector.
El gobierno andaluz anunció en agosto a bombo y platillo la concesión de 3,4 millones de euros al Grupo de Acción Local de la Pesca (GALP) de Huelva para impulsar la dinamización y la sostenibilidad de las zonas pesqueras de la provincia, entre otras para la creación de empleo y para promover la innovación en la cadena de suministro de los productos pesqueros y acuícolas. Nos preguntamos qué destino práctico tendrán dichos fondos y si de verdad contribuirán a dar un giro a la política pesquera en nuestro territorio.
La situación expuesta por nuestra parlamentaria no da muchos motivos para el optimismo sobre el destino de este dinero. Según indica su argumentación para la pregunta lanzada al Consejero de Agricultura y Pesca, nos encontramos con puestos vacantes de inspección sin cubrir, decomisos de pescado ilegal, chirla en situación límite, un porcentaje altísimo de comercialización de pescado ilegal y utilización de embarcaciones no autorizadas en zonas como Canela (Ayamonte).
Por todo ello hago un llamamiento a la reflexión, análisis y responsabilidad de nuestros representantes políticos para que adopten medidas urgentes que solucionen definitivamente los múltiples problemas del sector pesquero, pero que al mismo tiempo permitan garantizar la conservación de la pesca en Huelva como patrimonio cultural, ambiental, social y como la joya única que es. Causa de hermanamiento con otros pueblos como el catalán, como recientemente conocimos en el caso de Isla Cristina, territorio de acogida de inmigrantes catalanes, de los cuales se conservan apellidos como ‘Canet’, que vinieron en busca de una mejor calidad de vida a estas tierras e impulsaron diversas pesquerías y salazones de la zona.
Proponemos que el Decreto de Pesca que parece que se ha previsto en el presupuesto 2018 de la Junta promueva la pesca responsable y sostenible poniendo especial atención a la formación y sensibilización, la vigilancia y el control, y las condiciones laborales de la tripulación. Debe dotarse de los medios y recursos humanos públicos necesarios por parte del gobierno andaluz. Un gobierno llamado “socialista” no puede ser cómplice del Partido Popular en su aplicación de recortes constantes en las plantillas públicas en sectores tan sensibles y necesarios como la pesca, dado que ponen en riesgo el recurso, el empleo y la salud pública.
No se pueden sobrepasar las cuotas. Y la solución pasa por disponer de sistemas de registro fiables que no puedan manipularse por los concesionarios de las lonjas. El SLSEPA (Sistema de localización y seguimiento de Embarcaciones Pesqueras Andaluzas) puede apoyar la obtención de datos a tiempo real de los barcos que están faenando.
Deben mejorarse las técnicas pesqueras para evitar descartes de especies inmaduras (sardina) tan castigadas y con cuotas anuales limitadas que si se superan disparan los precios, al tiempo que contribuyen a esquilmar la población de los caladeros. La diversificación es fundamental para que las conserveras no dependan exclusivamente de las capturas locales.
En definitiva un Decreto de Pesca que regule en Andalucía, y particularmente en Huelva, un sector pesquero sostenible, que garantice la conservación de los recursos pesqueros y la salud de las personas consumidoras, proporcione empleo digno y estable, y cuente con el personal necesario para asumir con rigor la vigilancia y control exhaustivo de nuestras más de 65 millas de costa.
