El onubense Juan Márquez, exdirector general de Trabajo, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta, según se recoge en la sentencia que este martes se ha hecho pública por parte del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el llamado ‘caso ERE’. La Fiscalía Anticorrupción le pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Márquez estuvo en el cargo desde 2009, cuando sustituyó a Francisco Javier Guerrero, hasta 2010.
Las penas más importantes a nivel político han sido para los expresidente de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El primero ha sido condenado a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial, mientras que el segundo no tendrá que ir a la cárcel pero ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial.
Hay condenas importantes también para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 19 años, 6 meses y un día. Los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) han sido igualmente condenados a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 18 años y un día. También tiene pena de cárcel la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, cuya condena ha sido de seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta.
Al igual que Chaves, no han sido condenados con penas de cárcel el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, cuyas condenas son de nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.
Por último, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta.
Los únicos acusados que han resultado absueltos son el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.
Los exsecretarios generales técnicos de Empleo Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina y el exdirector de la agencia IFA-IDEA, Jacinto Cañete, sólo han sido condenados por prevaricación, por lo que no irán a prisión aunque reciben condenas de inhabilitación.
ALAYA LE EMBARGÓ BIENES A JUAN MÁRQUEZ EN HUELVA
Un piso en la calle Marina de Huelva y otra finca en Lucena del Puerto, así como los saldos bancarios y las devoluciones pendientes de Hacienda fueron embargados en 2013 al que fuera ex director general de Trabajo, el onubense Juan Márquez, que sustituyó en el cargo en 2009 a Francisco Javier Guerrero. Márquez estuvo en el cargo hasta 2010.
La orden fue dada por la jueza Alaya dentro de la investigación que realiza de los ERE fraudulentos y buscaba cubrir, al menos parte de la fianza de 173 millones de euros por los que debía responder Márquez por las ayudas que concedió en su etapa como director general.
La jueza también decretó el embargo de dos fincas y cuentas al ex director general de Trabajo, actualmente encarcelado, Francisco Javier Guerrero para cubrir su fianza civil de 686 millones de euros.
PARTIDO SOCIALISTA
El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha mostrado el respeto a la justicia tras pronunciarse este martes con la sentencia de los ERE. En este sentido, ha recordado que “no ha habido ni enriquecimiento ni financiación irregular”.
Por ello, Caraballo ha lamentado profundamente que los hechos se hayan sucedido de esta manera y que personas inocentes tengan que pasar por estas penas. Así, no ha dudado en ningún momento de la inocencia y honradez del ex director general, el onubense Juan Márquez, los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, tanto es así que el fallo prueba claramente que “no se han enriquecido ilícitamente ni se han llevado un euro”.
Además, ha indicado que en este momento no hay ningún político en activo con implicación en ninguno de los hechos que se han llevado a juicio. Es más, “las responsabilidades políticas por este caso fueron asumidas hace años con las dimisiones, renuncias y alejamiento de la vida de política de todos”.
Asímismo, el máximo dirigente de los socialistas onubenses ha hecho especial hincapié en que en este caso “no ha habido nunca una financiación irregular del partido ni han enriquecido sus bolsillos”.
No obstante, Caraballo ha señalado que será el Tribunal Supremo el que tenga que pronunciarse en última estancia, ya que la sentencia es susceptible de recurrirla, y desde luego “respetaremos las sentencias y pronunciamientos judiciales”.
