Este jueves, 18 de marzo, concluyeron las sesiones del juicio -llamado “audiencia” en la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de las personas menores de edad- en el que se practicaron las pruebas del homicidio cometido por un menor.
Según la acusación que ha sostenido la Fiscalía de Menores, el menor causó la muerte por asfixia de su madre el pasado 19 de julio de 2020 tras una discusión ocurrida en la vivienda familiar ubicada en la población de La Antilla.
En el lugar, la Guardia Civil asistió al médico forense en las tareas de levantamiento del cadáver y obtención de fuentes de prueba. Estas pesquisas fueron supervisadas por la juez de guardia de Ayamonte y el fiscal delegado de menores.
El menor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de menores. La magistrada titular del Juzgado de Menores acordó la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado, la medida más severa de la Ley Penal del Menor. Desde entonces, el menor expedientado ha permanecido en el correspondiente centro de internamiento, en el se encuentra a la espera de que se dicte sentencia.
En el juicio -audiencia- la Fiscalía de Menores ha mantenido la acusación por delito de homicidio y solicitado la imposición de ocho años de internamiento en régimen cerrado con tratamiento ambulatorio para su salud mental, seguidos de otros cinco años de libertad vigilada. Se trata de la máxima duración prevista en la Ley Penal del Menor.
Por su parte, la defensa ratificó su petición de absolución por entender que el menor no tuvo en ningún momento la intención de causar la muerte de su madre y concurrir otras circunstancias de índole personal que constituyen atenuantes y eximentes en diferente grado.
El asunto ha quedado visto para sentencia. Una vez dictada, la Ley prevé la posibilidad de interponer contra ella recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
