El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, y el diputado por Huelva Manuel Andrés González han registrado este viernes en el Parlamento andaluz una nueva proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, “un texto mejorado y distinto” respecto al presentado en la anterior legislatura y que recoge “las aportaciones de distintas sensibilidades” políticas y las administraciones, según han precisado.
El nuevo texto, al que se ha sumado VOX, “se ha trabajado intensa y diariamente con agricultores de la zona”, han explicado, “para garantizar los intereses de decenas de miles de personas en la provincia de Huelva, pequeños agricultores que, durante décadas, se han ganado el sustento de su familia con estas explotaciones” que quedaron fuera del Plan Especial para la Corona Norte aprobado en 2014.
Asimismo, ha desvelado Martín, en esos trabajos se incluyen contactos con el Gobierno de España, la Secretaria de Estado, el Gobierno Andaluz y el grupo parlamentario socialista. “El texto recoge las sensibilidad del PSOE con aportaciones que ellos hicieron en su día en forma de enmienda a la anterior proposición de ley y que hemos querido tener presente”, ha señalado. “Es nuestro texto pero enriquecido con distintas sensibilidades políticas porque buscábamos el mayor consenso posible”.
En este sentido, y tras resaltar el apoyo logrado con agricultores, regantes, y ayuntamientos de la zona, ha subrayado que “seguimos tendiendo la mano para que se sumen a esta solución” a lo largo de la tramitación parlamentaria. Así, ha planteado que esa incorporación de esas propuestas es un gesto para que “no tengan miedo al consenso o al acuerdo, que no tengan miedo a dejar de estar de lado de la confrontación como pretenden Pedro Sánchez y su gobierno y se pongan al lado de Andalucía”. “Que no tengan miedo ponerse al lado de los intereses de Andalucía y la provincia de Huelva; le vamos a tender la mano”, ha insistido, “es un símbolo de mano tendida pese a que hemos echado de menos una intención por parte del Gobierno central de llegar algún tipo de acuerdo”.
La nueva proposición de ley hace referencia exclusivamente a la ordenación territorial del Condado para compensar el error cometido en 2014 que dejó a cerca de 650 explotaciones al margen. Así, se plantea la creación de una Oficina Técnica de Seguimiento que será la encargada de analizar caso por caso la posibilidad de regularizar los terrenos como suelos agrícolas regables con aguas superficiales (SARAS), las únicas posibles, y siempre y cuando haya posibilidad de recibir esta agua, ya que “la única línea roja es que no se coja ni una sola gota de agua del acuífero”.
«Doñana no se toca»
“Desde el PP y también los agricultores están muy concienciados de que Doñana es la joya medio ambiental de la provincia de Huelva, que Doñana es intocable, pero estamos hablando de ordenar el territorio” con fincas que en ocasiones están a más de 40 kilómetros “y no afecta para nada al parque natural”.
Junto a la creación de esa oficina técnica, sugerencia del PSOE al anterior texto, la propuesta recoge de forma exhaustiva la propuesta formulada por el Ministerio de Transición Ecológica para reformar la Ley Forestal andaluza, que es la que afecta a una parte de las hectáreas que se pretenden normalizar. Una reforma que persigue acompasar la norma andaluza con la nacional, más restrictiva.
Por último, el texto incorpora como novedad una serie de obras de mejora ambiental de los espacios forestales y de conectividad ecológica “que se van a declarar de interés general de la comunidad autónoma, y que el gobierno andaluz tendrá la obligación de ejecutar cuando quede aprobada”. De la misma manera, se reclama lealtad y colaboración institucional al Gobierno central para que acometa las obras hidráulicas de interés general de su competencia que contribuyan a paliar el déficit hídrico del Condado onubense, como el desdoble del Túnel de San Silvestre o la presa de Alcolea.
Tanto Martín como González han explicado que esta nueva iniciativa que ahora inicia su andadura parlamentaria se ha comunicado a Bruselas para que “no haya dudas de nuestro interés sobre la preservación del Parque Nacional”. Según ha explicado, también hubo dos encuentros entre la Junta y el Gobierno central en los que se abordó este asunto, sin que los populares hayan conseguido el respaldo del Ministerio.
El PP expone en el texto que esta iniciativa consigue “sentar las bases para proteger más y mejor» el Parque Nacional de Doñana, ya que el objetivo es legislar para que pueda llegar el agua superficial a esos agricultores, «pues sólo llegando el agua superficial se podrá proteger el parque y su acuífero”.
Reacciones
VOX
“Se va a poner fin a una injusticia mediante el reconocimiento para las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas en la Corona Norte del Condado de Huelva”, ha asegurado el parlamentario de VOX por Huelva, Rafael Segovia, quien al respecto de la anunciada nueva ley ha aseverado tajante que “los productores de frutos rojos de Huelva tenían derecho a que se les reconociera sus tierras, después de 10 años de calvario donde se les trataba como ‘ladrones de agua’ de Doñana”.
Según el parlamentario de VOX, en Huelva “hay agua suficiente para el turismo y la agricultura, pero no está donde se necesita”, insistiendo en que el problemas está en que “la provincia onubense tiene un grave problema de infraestructuras hídricas”.
Esta Proposición de Ley que ahora saldrá adelante, con el acuerdo de VOX y PP, “servirá para instar a que se acaben las obras pendientes que tiene que acometer el Gobierno de Sánchez”, subraya Segovia, entre las que señala “las aportaciones del Tinto-Odiel-Piedras a la Cuenca del Guadalquivir a través del Túnel de San Silvestre o la terminación, de una vez, de la presa de Alcolea”.
“No podemos abandonar a un sector que exporta en frutos rojos más de 1.400 millones de euros a Europa al arbitrio del clima y, sobre todo, a unos agricultores muy preocupados por la conservación del medio ambiente”, defiende el parlamentario de VOX.
Por su parte, desde VOX “lamentamos profundamente que el PSOE no se haya unido a esta proposición hasta ahora”, puntualiza Segovia, quien apunta que los socialistas en Andalucía “parecen estar más obedientes a las consignas que les ordenan desde la Consejería de Transición Ecológica en Madrid que de los problemas reales de los agricultores andaluces”.
“Esperamos que en esta ocasión el Gobierno de Moreno Bonilla se implique con la iniciativa parlamentaria”, pues, como afirma con rotundidad, ”los pueblos de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana y Almonte se lo merecen”, ha concluido Rafael Segovia.
Gobierno central
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha expresado este viernes el rechazo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a la proposición de ley que el PP-A y VOX han registrado en el Parlamento andaluz sobre la regulación de las zonas de regadío de cinco municipios onubenses situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, que ha tachado de atropello, y desde el Ministerio que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, han avisado de que llevarán al Tribunal Constitucional (TC) «toda actuación que ponga en riesgo a Doñana«.
De esta manera, a través de la Delegación del Gobierno en Andalucía, el Ministerio para la Transición Ecológica ha querido dejar claro que «no ha negociado ni, mucho menos, ha llegado a ningún acuerdo con PP y Vox para aumentar los regadíos en Doñana, tal y como pretenden hacer» en dicha proposición de ley registrada en el Parlamento, según han apostillado desde la cartera que dirige Teresa Ribera.
Para el Miteco, «esta proposición de ley es un atropello» que «desprecia el papel del Consejo de Participación de Doñana», y en todo caso es una iniciativa que «debería ser tramitada por la Junta de Andalucía como proyecto de ley para que las administraciones y órganos competentes puedan entregar informes».
«Aumentar el regadío en estas zonas, cercanas al Parque Nacional de Doñana, dañaría más una zona ya gravemente afectada por la sequía», han advertido además desde el Gobierno central, cuyo secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha explicado en un vídeo difundido también este viernes que el pasado lunes, 27 de febrero, tuvo ocasión de reunirse con el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, y su equipo.
Ha detallado que, en dicho encuentro, pudo trasladar personalmente al consejero «que lo procedente en este caso era no registrar esa proposición de ley, abrir un proceso de diálogo, sentarse en el ámbito del Consejo de Participación de Doñana, y no tomar ninguna decisión que vaya justo en la dirección contraria de lo que establece la sentencia» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que «obliga a tomar medidas para proteger el humedal».
Frente a ello, el secretario de Estado ha criticado que la iniciativa registrada por PP-A y Vox «pretende ampliar la superficie» de hectáreas «regables reconocida en el entorno de Doñana», y ha añadido que en el Ministerio se han sorprendido por la presentación de esta iniciativa, «porque hasta ahora habíamos entendido que, por parte del Gobierno andaluz» del PP-A, «no se iba a tomar ninguna iniciativa en ese sentido que previamente no hubiera sido acordada en el seno del diálogo entre administraciones».
Hugo Morán ha incidido en subrayar que esta proposición de ley «va justo en dirección contraria de lo que el TJUE exige», y ha defendido que «cualquier actuación de revisión de la planificación actual de protección del Parque Nacional de Doñana y su entorno tiene que pasar por sus órganos de participación, como lo ha hecho hasta ahora».
«No se puede saltar la capacidad que el Consejo de Participación de Doñana tiene en este proceso de toma de decisiones compartidas, ni obviar las competencias que tiene la Administración General del Estado, en este caso» a través de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, «en un procedimiento que debería ser un proyecto de ley que requiera de los informes técnicos y jurídicos previos, y hacerlo utilizando el atajo de una proposición de ley para eludir toda esta tramitación», ha añadido el secretario de Estado de Medio Ambiente.
Hugo Morán ha concluido indicando que espera «que impere la cordura», y confiando «en que esta decisión no se convierta en una ocasión más de demostrar que la política medioambiental, en el caso del Gobierno de Andalucía, no forma parte de su agenda, y lo único que nos encontramos por delante es una acción de hechos consumados».
