El Grupo Municipal Socialista va a preguntarle en el próximo pleno al equipo de Gobierno del PP sobre la firma pendiente con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), para poner a disposición de del Ayuntamiento de Huelva viviendas gestionadas por esta sociedad y que serían destinadas a las familias más vulnerables.
La concejala del PSOE y responsable de Vivienda en el anterior mandato, Leonor Romero, ha explicado que en este convenio se contemplaba el usufructo de ocho viviendas para el consistorio onubense, que serían puestas a disposición de estas familias en alquiler social con régimen especial. Se trata de cuatro viviendas en la Avenida Adoratrices, dos en la calle San Marcos en Viaplana y otras dos en la calle Juan Salvador en la barriada de Las Colonias.
Estas últimas, las de la calle Juan Salvador, eran viviendas ocupadas por familias vulnerables que llamaron a las puertas de este Ayuntamiento pidiendo ayuda, y que con el convenio elaborado se pretendía legalizarlas, “para sacarlas del proceso de desahucio y dar tranquilidad y estabilidad a sus vidas”, ha indicado la socialista.
Leonor Romero ha lamentado que en lo que llevamos de legislatura “no hayamos tenido información de ningún avance en este importante convenio”. Por ello, desde el PSOE van a preguntarle al Partido Popular si tiene intención de firmarlo “o van a meterlo en un cajón como han hecho con otras gestiones del anterior Gobierno socialista”.
La dirigente del PSOE ha recordado que en materia de vivienda han sido numerosas las iniciativas puestas en marcha durante los ocho años de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Huelva. “Con el cambio de Gobierno en junio del año pasado, se quedaron en el tintero numerosos proyectos, en muchos casos muy avanzados, que requieren el trabajo del actual equipo de Gobierno para que puedan ponerse en marcha”, ha subrayado.
Sobre la Sareb
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), nació con el objetivo de rescatar los activos inmobiliarios tóxicos como créditos impagados, viviendas sin construir o promociones en quiebra, de los bancos y cajas de ahorros que tuvieron que ser rescatados tras la crisis económica de 2008.
Inicialmente nació como una empresa privada y en 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la ley para convertirla en una institución pública. Ahora tiene un triple objetivo: impulsar el parque público de vivienda, apoyar la inclusión social y mejorar la vertebración y cohesión en todo el territorio nacional.
La Sareb dispone de un ‘stock’ potencial de vivienda terminada de 21.000 unidades, además de otras 14.000 habitadas y de suelos disponibles para la promoción de hasta 15.000 nuevas viviendas.
