Huelva, 17 de enero de 2013. El pasado 11 de octubre el Consejo de Ministro aprueba el anteproyecto de reforma del código penal, de dudosa compatibilidad con una sociedad democrática y con la propia constitución española, tal y como ha manifestado en su informe CGPJ afirma el Sº General de UGT-Huelva, Jorge Puente.
La prisión permanente revisable y la custodia de seguridad da pie a una cadena perpetúa efectiva, contraria a la constitución y que afecta a todos por igual, pero de manera muy particular a los extranjeros residentes irregulares y regulares en España. Solo aquellos que vienen a buscarse la vida, huyendo de la pobreza extrema de sus países, “ a los que entran en España con traje de marca y por barajas no es de aplicación esta medida”, afirma con ironía el ugetista, con lo que se produce una clara discriminación selectiva entre ciudadanos extranjeros por el solo hecho de que le sea de aplicación la Ley de Extranjería.
Es una reforma del Código Penal durísima, su contenido es un elemento más que añadir a la nueva política migratoria regresiva y contraria a derecho que viene aplicando este Gobierno.
El texto de la reforma plantea que la ayuda humanitaria a un inmigrante irregular, puede ser un delito penal, ningún otro gobierno anterior se atrevería considerarlo ni siquiera como infracción administrativa, sentencia Puente.
Para el Ugetista, la falta de claridad de este aspecto pretende, como en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y de las tasas judiciales actuar como instrumento disuasorio para que no se preste ayuda a una persona sin papeles
La ayuda humanitaria tanto individual como por parte de las ONG’s garantiza el respeto a los derechos humanos, sin embargo al Gobierno del PP le trae sin cuidado. El mismo Gobierno que ya le quitó la asistencia sanitaria y ahora le niega la supervivencia con medidas como estas.
También contiene el anteproyecto, significa el sindicalista, un cambio en la regulación de expulsión como medida sustitutoria de la perdida de libertad. En la actualidad esta previsión está reservada únicamente para extranjeros irregulares, ( con lo que tampoco estamos de acuerdo la UGT) siempre que la pena fuese superior a seis años, pero la reforma prevista la extiende a todos los extranjeros/as, tanto regulares como no.
Trasladando solo estos dos aspectos a la realidad social de Huelva, esta reforma del Código Penal declara a más de 26.000 seres humanos presuntos delincuentes por el simple hecho de haber nacido de un color y en un lugar determinado, pero además puede considerar ilícito las actuaciones de ayuda humanitaria de por ejemplo, Caritas o Cruz Roja, sentencia Puente.
Unión General de Trabajadores de Huelva
Comisión Ejecutiva Provincial
