La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este viernes que en su encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le pedirá que el Ejecutivo no recurra, si finalmente opta por hacerlo, al Tribunal Constitucional la futura ley de la Función Social de la Vivienda.
En declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde de la ciudad, Pedro Rodríguez, ha asegurado que «no entiende» que se pueda plantear esta posibilidad ante el drama que suponen los desahucios.
«Todos hemos llegado tarde, todos los partidos y los gobiernos» a la problemática de los desahucios, según ha dicho Díaz, que ha remarcado que esta difícil coyuntura «ya no sólo afecta a las familias que adquirieron sus viviendas, sino también a los padres y familiares que avalaron la compra de las mismas».
«Esa realidad está en la calle y no podemos escatimar esfuerzos», ha agregado la presidenta regional, que ha recordado que el Gobierno andaluz «ha ido al límite de sus competencias y va a seguir así» para intentar hacerle frente a esta situación.
En opinión de Susana Díaz, «a esa realidad no se pueden cerrar los ojos» y por tanto, espera que el Gobierno central «recapacite» y no vaya a recurrir la norma.
«Espero que el Gobierno de España recapacite y estoy dispuesta a trasladarle al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, las consecuencias y los objetivos de esta ley», según ha enfatizado.
Del mismo modo, se ha mostrado convencida de que esta ley «no va a poner en riesgo al sistema financiero», el cual no corre peligro, a su juicio, «porque determinadas familias en una comunidad autónoma, donde hay 500.000 viviendas vacías, puedan mantener sus viviendas».
Por todo ello, Díaz ha defendido que esta posición se la trasladaré al presidente del Ejecutivo al objeto de que en el Gobierno central «recapaciten y no recurran la ley».
COPAGO FARMACÉUTICO
Susana Díaz ha expresado su rechazo al copago farmacéutico de algunos fármacos de dispensación hospitalaria que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, y del que ha tenido conocimiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Díaz ha señalado que desconocía la medida y que han tenido conocimiento de ella tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, por lo que ha lamentado que el Ministerio de Sanidad no haya trasladado la noticia a la Consejería de Salud.
«El Gobierno andaluz no está de acuerdo con que el coste adicional lo sufran los ciudadanos sino que tienen que ser las grandes industrias farmacéuticas las que lo hagan», ha enfatizado.
A su juicio, «ahora toma sentido la subasta de medicamentos» que propone la Junta de Andalucía, de manera que «ahora se entiende con claridad el porqué la Junta lideraba esa subasta», ha apostillado la presidenta.
Del mismo modo, ha incidido en que «no están de acuerdo» con esta propuesta del Gobierno central y analizarán «qué margen» tiene el Ejecutivo andaluz ante la misma.
«En Andalucía no se tenía conocimiento porque el Ministerio de Sanidad no se lo ha trasladado a la Consejería», ha reiterado la presidenta autonómica andaluza.
«Yo nunca estaré de acuerdo con que el coste adicional del sistema farmacéutico lo tengan que pagar los ciudadanos», ha incidido Díaz, que ha remarcado que «los ciudadanos en este país están pagando la inmensa mayoría del costo de la crisis y ya no pueden más». Por ello, en su opinión, ahora le corresponde hacer «un esfuerzo a otros que no han hecho el mismo esfuerzo en estos cinco años» de crisis económica.
CASO ERE
Sobre la instrucción del ‘caso ERE’ ha dejado claro «su respeto» a la justicia y ha incidido en que el Gobierno andaluz está «para dar respuesta a los andaluces».
Así se ha pronunciado Díaz a preguntas de los periodistas sobre el hecho de que este jueves el exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, Antonio Vicente Lozano, se haya acogido a su derecho constitucional a no declarar tras responder a unas cinco preguntas formuladas por la juez Mercedes Alaya que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares al entender que «no se estaban respetando sus garantías» a lo largo del interrogatorio.
Así, la presidenta de la Administración regional se ha limitado a asegurar que «respeta a la justicia» y que ella se encuentra inmersa en su trabajo como presidenta de la Junta de Andalucía.
«Lo que me trae aquí son las prioridades de los ciudadanos de Huelva y todo mi esfuerzo y energía está en dar respuesta a los andaluces que lo están pasando mal», según ha enfatizado Díaz, que ha incidido en que el Gobierno andaluz está «a lo que tiene que estar».
De este modo, preguntada por si la Consejería de Justicia tomará alguna medida al respecto, ha subrayado que «el Gobierno está en lo que tiene que estar, que es en el trabajo y dando respuesta a unos ciudadanos que lo están pasando mal».
Por todo ello, la presidenta ha reiterado que su trabajo es «estar al frente de un Gobierno que tiene que dar respuesta a los andaluces en un momento muy complicado». «Creo que los andaluces lo que esperan de su presidenta es que esté al frente de sus problemas», ha concluido.
