El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto, promovido por la Secretaría de Estado de Agenda 2030, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que concede una subvención por importe de más de 2,6 euros a los ayuntamientos de Lepe y Moguer para ofrecer soluciones habitacionales «dignas» a las personas trabajadoras temporeras que actualmente residen en asentamientos irregulares.
Según ha indicado la Secretaría en una nota de prensa, el objetivo de esta línea de ayudas es facilitar la integración residencial y sociolaboral de estas personas, que actualmente se enfrentan a situaciones de «alta vulnerabilidad».
«Son trabajadores con unas condiciones muy duras y condiciones habitacionales complicadas. Este Real Decreto supone invertir 2,6 millones para facilitar sus vidas y que tengan condiciones mejores», ha destacado la secretaria de Estado de Agenda 2030, Lilith Verstrynge, durante una visita a Huelva, donde ha cifrado en 220 las personas que se beneficiarán «en primera instancia» de este programa.
En una fase inicial, se promoverán soluciones residenciales transitorias –tales como albergues o módulos temporales– y, posteriormente, se desarrollarán intervenciones que permitan el acceso a viviendas en núcleos urbanos en dichos municipios. El objetivo es consolidar modelos de integración que «puedan ser útiles para otros asentamientos irregulares o en procesos de regeneración urbana», ha subrayado.
Del importe total, 1,8 millones de euros se destinarán a programas de realojo e inclusión social que realizará el Ayuntamiento de Lepe, donde se construirán 24 alojamientos con 144 plazas. Los restantes 818.000 euros se destinarán a la finalización de un albergue en Moguer con una capacidad máxima prevista de 42 plazas, así como a la construcción de ocho módulos residenciales con un total de 24 plazas y a la adquisición de una vivida en el casco urbano, con 10 plazas, con lo que la capacidad total en esta localidad será de 76 personas.
Para el realojo o reubicación de temporeros se tendrán en cuenta criterios como la existencia de menores de edad en el núcleo familiar, las condiciones precarias de salud, la permanencia en el municipio u otras situaciones de especial vulnerabilidad que sean identificadas por los servicios sociales municipales de los ayuntamientos de Lepe y Moguer.
De otro lado, en declaraciones a los medios, Verstrynge ha apuntado que se trata de trabajadores que «nos han ayudado a subsistir durante toda la pandemia» siendo «personas esenciales que nos han nutrido de alimentos durante todo el proceso de confinamiento» y que «tienen una condiciones laborales muy duras» además de «vivir en unas condiciones habitacionales complicadas».
Asimismo, ha explicado que este es «un primer paso» por lo que «se va a ir trabajando para mejorar las condiciones de los temporeros en todos los sitios» porque «quedan muchas cosas por hacer», toda vez que ha reseñado que «se quiere intentar revertir la situación» de estas personas. «Es un primer paso que, evidentemente, no soluciona el problema en su conjunto ya que hay situaciones sociales muy complicadas y que hay que ver paso por paso».
Finalmente, Verstrynge ha explicado que «por el momento se va a empezar a trabajar con Moguer y con Lepe» y «poco a poco se verá cómo se puede dar apoyo a más situaciones parecidas».
