La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el sector de prisiones en la provincia de Huelva, va a celebrar el próximo miércoles, 9 de agosto, a las 11.00 horas, una concentración de trabajadores frente a la Subdelegación del Gobierno en la capital.
En Huelva, el sindicato podrá finalmente realizar la concentración gracias a la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha condenado a la Subdelegación del Gobierno y la ha obligado a permitir la celebración de la concentración a sus puertas.
La concentración, a la que asistirá el presidente Nacional de Acaip, junto a los representantes de la provincia, consistirá en la colocación de una mesa informativa en la puerta de la Subdelegación en la que los trabajadores de prisiones entregarán a los ciudadanos documentación informativa sobre la situación de «abandono» en que se encuentran. Además, se regalarán chorizos a todos los ciudadanos «en agradecimiento al apoyo que la sociedad nos está dando en nuestra tarea de expulsar la indecencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, ocupada por Angel Yuste Castillejo».
Para finalizar, desde el sindicato aseguran que «una actuación, como es la concentración de un reducido número de funcionarios para protestar legítimamente por nuestras condiciones laborales, que en principio debería de ser algo totalmente normal dentro del funcionamiento del estado de derecho, se ha convertido en uno de los actos principales de la semana reivindicativa de prisiones, ya que vamos a realizarlo después de haber tenido que “pelear” en los tribunales el respeto al derecho fundamental consagrado en la Constitución, como lo es el derecho de reunión.
En los tiempos actuales, los trabajadores penitenciarios no entendemos cómo puede haber representantes del gobierno que intenten cercenar los derechos fundamentales de los trabajadores y además permanezcan en su puesto de forma intolerable criticando a aquellos que hemos conseguido de los Tribunales lo que los responsables del Gobierno en la provincia nos negaban».
