El Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión Social, una iniciativa que mejorará las condiciones de vida de un millón de personas residentes en las 99 zonas desfavorecidas en las que intervendrá (nueve de ellas en la provincia de Huelva), correspondientes a 65 municipios de la comunidad. El plan, de carácter transversal y cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo, cuenta con un presupuesto superior a 169,5 millones de euros hasta 2020, aunque sus medidas podrán ejecutarse hasta 2022.
Este año se destinan 37,2 millones de euros a través de dos convocatorias de ayudas. La primera de ellas, con casi 28 millones, se dirige a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, de algo más de 9,3 millones, se destina a entidades privadas sin ánimo de lucro (algo más de 9,3 millones de euros). Las 99 zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros. Del total, 18 corresponden a la provincia de Cádiz, 14 a Málaga y otras 14 a Sevilla. Les siguen Granada (13), Jaén (12), Almería (11), Huelva (9) y Córdoba (8).
En su mayor parte, estas zonas son entornos urbanos donde se registran situaciones graves de exclusión social o con factores de riesgo de que se produzca. La intervención en ellas se desarrollará a través de planes locales cuatrienales, promovidos por los ayuntamientos en los 43 municipios de más de 20.000 habitantes que se incluyen en la estrategia y por las diputaciones provinciales en los 22 de población inferior a esta cifra.
Los planes abarcan las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, especialmente las vinculadas a facilitar el acceso a los sistemas de protección social y la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión. Entre sus medidas concretas, destacan las dirigidas a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; reforzar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.
41,5 millones para proyectos de interés social con cargo al 0,7% del IRPF
Por otra parte, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado al Consejo de Gobierno de las ayudas para proyectos de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que este año tienen una dotación de 41,5 millones de euros (un 9,44% más que en 2017).
La convocatoria, cuyo plazo de recepción de solicitudes concluye el próximo 10 de septiembre, respalda iniciativas de entidades privadas sin ánimo de lucro dirigidas a personas y colectivos en situaciones de necesidad. Se trata de la segunda que se realiza en Andalucía, ya que hasta 2016 estas subvenciones eran gestionadas por la Administración General del Estado.
La primera convocatoria de 2017, dotada con 39,2 millones de euros, financió 1.722 proyectos para unas 892.000 personas y conllevó la creación y el mantenimiento de 3.593 puestos de trabajo. La mayor parte del presupuesto, 5,3 millones, correspondió a iniciativas en el ámbito de las personas mayores. Le siguieron las partidas destinadas a atención de situaciones de urgencia y necesidad (más de 4,6 millones); inclusión social (4,3), personas con discapacidad (4,1), personas inmigrantes (3,8) e infancia y familias (3,7).
Sánchez Rubio ha subrayado la «importancia y conveniencia de que seamos las propias comunidades autónomas las que distribuyamos estas subvenciones, teniendo en cuenta que sus destinatarios finales son los sectores menos favorecidos que requieren asistencia urgente para satisfacer sus necesidades más básicas».
Las entidades beneficiarias deben estar inscritas en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales o en el Registro Andaluz de Voluntariado. Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva y las bases reguladoras de la convocatoria establecen como fórmula de pago anticipos del 100%.
La edición de este año incluye diez líneas de apoyo, entre las que destaca por su importe la destinada a programas de interés e inclusión social, con más de 14,1 millones de euros. También se recogen más de 7,3 millones de euros para proyectos de inversión; 5,1 millones para infancia, familia y jóvenes; más de 4,7 millones para mayores y casi cuatro millones para personas con discapacidad. La convocatoria se completa con otras ayudas para la atención a los problemas de adicciones, mujeres, comunidad gitana y, como novedad, personas del colectivo LGTBI.
