En el sistema educativo público de la provincia de Huelva trabajan actualmente en torno a un millar de personas que dependen de empresas privadas y que prestan sus servicios en los centros de enseñanza pública. Izquierda Unida ya ha alertado en varias ocasiones sobre esta situación «por la que se somete a condiciones laborales, cada vez más precarias, a casi la mitad el personal no docente de la Educación Pública onubense, que supone un colectivo de unas 2.000 personas en total». Esta situación también han sido denunciada repetidas veces por la Federación de Enseñanza de CCOO en Huelva, además de más carencias que afectan al sistema público educativo onubense.
Por ello, el portavoz de Izquierda Unida en la Diputación, Pedro Jiménez, va a defender en el Pleno Provincial, del próximo miércoles una iniciativa en la que exige la reversión de este proceso privatizador con el que el gobierno de Susana Díaz en la Junta de Andalucía “pretende seguir privatizando los servicios educativos y precarizando al personal que trabaja en ellos, repartido en los 380 centros públicos onubenses”. Jiménez reivindica que todo este personal tiene derecho a trabajar directamente para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en lugar de como lo hacen para las empresas privadas subcontratadas, en las que la Junta se está gastando más de veinte millones de euros al año en la provincia de Huelva.
Izquierda Unida defiende una educación púlblica y de calidad, frente al PSOE susanista que sólo pretende enriquecer a empresas privadas, en las que se somete a su personal a condiciones laborales cada vez más precarizadas y a las que sólo les interesa obtener beneficios y no garantizar una atención de calidad de los servicios que prestan como se merecen las familias que tienen a sus hijas en hijos en centros educativos públicos.
Jiménez añade que “tenemos graves ejemplos de esta deriva privatizadora en los cenros educativos públicos como ha sido el desmantalemiento de los comedores escolares públicos, cuya gestión ha sido paulatinamente susitituida por empresas de catering, en vez del personal público que debería seguir llevándolos”.
Otro ejemplo de esta nefasta política privatizadora que el PSOE andaluz ejecuta sin rubor alguno es el caso currido en el inicio de este curso escolar en el Colegio de educación especial Sagrada Familia de Huelva en el que una baja por enfermedad ha sido cubierta por personal de una empresa privada y no recurriendo a procedimientos de cobertura de bajas con personal laboral de la Junta.
La defensa del sistema educativo público, que el PSOE está desmantalendo progresivamente, es uno de los objetivos que Adelante Andalucía tiene en sus propuestas de gobierno, con la finalidad de garantizar los derechos tanto del personal que trabaja en los centros educativos como del alumnado.
