(Texto: Sindicato Acaip) Es el ejemplo del hundimiento y decadencia de una institución, principalmente por la falta de preocupación de un gobierno, ante las señales de alama que se está dando por parte de los trabajadores penitenciarios. Este caso enmarca todas las deficiencias que adolece la administración penitenciaria. Poniendo estas en peligro la seguridad de los trabajadores penitenciarios, de la población reclusa y como , en este caso, a las personas en el exterior.
La administración penitenciaria no tiene ni medios materiales ni humanos para asegurar las funciones encomendadas por la ley penitenciaria que van encaminadas a la prevención del delito en su origen. Es evidente que habrá personas irrecuperables para la sociedad , pero lo que este caso deja a la claras, que los trabajadores hacemos lo que podemos dentro de un contexto caótico. Y hace pensar que esta muerte se pudiera haber evitado si la administración penitenciaria se olvidara de maquillar estadísticas y apostara por un verdadera de política de prevención del delito y protección del trabajo que realizamos a diario los profesionales penitenciarios.
Las causas o los errores que provocaron que Bernardo M.N. cometiera un delito de esta magnitud, empezaron mucho antes de que saliera en libertad el 22 de Octubre de este año. Quizás si los trabajadores penitenciarios tuviéramos la condición de autoridad, y ,por tanto, una mayor protección penal. Cuando este agredió a un funcionario de prisiones en el Puerto de Santa Maria, hubiera posibilitado que hubiera sido condenado por estos hechos y no se hubiera cruzado en la vida de Laura en la localidad onubense del Campillo.
Quizás si la administración penitenciaria no tuviera como prioridad el ahorrar en contratación de personal laboral , por su historial delictivo el presunto autor del asesinato, no hubiera obtenido ese puesto de confianza que le valió entre otras cosas para obtener dos permisos penitenciarios en 2018.
Quizás si no hubiera esta falta acuciante de personal, una formación adecuada al medio penitenciario, se podría haber detectado la peligrosidad de la persona que recorría diariamente zonas de acceso restringido a la población reclusa, poniendo en peligro la seguridad los trabajadores y trabajadoras de la prisión de Huelva.
Todas estas afirmaciones son hipótesis pero los factores de riesgo que este delito pudo haberse cometido antes y que este delito podría haberse evitado están ahí.
Invertir en Instituciones Penitenciarias, es invertir en prevención y seguridad para la sociedad. Por tanto, si se invierte en personal y en formación (ahora inexistente) a los profesionales penitenciarios, se trabajara en la dirección correcta en evitar que se produzcan este tipo de delitos.
Frente a todas estas deficiencias denunciadas durante las movilizaciones del colectivo de prisiones, el ministro del interior se obceca en intentar desprestigiar nuestra labor en sede parlamentaria así como cuestionar el libre ejercicio del derecho a huelga ejercido por nuestro colectivo como tienen el resto de trabajadores de nuestro país.
Este intento de desprestigio de nuestro colectivo por parte del ministro, no va a mermar ni un ápice en la profesionalidad de los trabajadores penitenciarios. cuando el presunto autor de la muerte de Laura, vuelva a entrar a la prisión que lo vio salir hace a penas dos meses.
