El teniente de alcalde portavoz del Ayuntamiento de Lepe, Jesús Toronjo, ha informado en la mañana de este martes rueda de prensa de la solicitud que el Consistorio lepero ha realizado a la Subdelegación del Gobierno de España en Huelva, para que prohíba la manifestación convocada para este miércoles, 5 de agosto, por el Partido Comunista de Andalucía ante la falta de soluciones tras los incendios en los asentamientos chabolistas, “siguiendo así las recomendaciones e informes de la Policía Local, la Junta Local de Seguridad y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, al objeto de dar cumplimiento a la Orden publicada en el BOJA del pasado 29 de julio que prohíbe la participación en cualquier agrupación o reunión de más de 15 personas para prevenir y contener el brote epidémico de COVID-19”.
Toronjo, quien ha destacado que “nos encontramos inmersos en una pandemia, con casos positivos en el entorno que aconsejan que se eviten aglomeraciones de personas”, ha subrayado además que, ante esa situación, desde el Ayuntamiento de Lepe “el pasado día 30 se celebró la Junta Local de Seguridad con presencia de la Subdelegación del Gobierno, en la que se solicitó formalmente la suspensión de dicha manifestación; posteriormente el día 31 se le remitió por escrito por las mismas razones expuestas; y en el día de ayer el Comité Asesor del Plan de Emergencia Municipal volvió a desaconsejar la celebración de dicha manifestación por razones sanitarias, cuyo documento se ha transmitido también al Gobierno de España”.
En este sentido, el Teniente de Alcalde Portavoz ha calificado de “desafortunada la decisión del Gobierno de permitir la celebración de dicha manifestación en el día de mañana”, y ha solicitado nuevamente al Ejecutivo que “reconsidere su postura, haciendo primar la salud y la seguridad de las personas sobre otro tipo de reivindicaciones políticas que deberían quedar supeditadas a un bien primordial como es la salud”.
Toronjo, que señaló que la manifestación convocada para el día de mañana “bien podría celebrarse frente a la Subdelegación del Gobierno en Huelva o ante el propio Gobierno de España, puesto que es allí donde se ubica la institución responsable en materia de inmigración y de documentación para estas personas”, ha denunciado la campaña política y mediática que está soportando el municipio y el sector agrícola, concluyendo que “somos un pueblo acogedor, integrador y trabajador al que quieren hacer responsable de una situación generada por la política de otras instituciones”.
La manifestación ‘Por un alojamiento digno’ partirá a las 10.00 horas desde la estación de autobuses del municipio costero y está previsto que finalice a las 13.00 horas.
LA REACCIÓN DEL PCA
Por su parte, el PCA ha emitido un comunicado en el que en primer lugar asegura que «queremos recordarle al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lepe que los trabajadores del campo no se estarían manifestando si hubieran atendido algunas de las propuestas sobre vivienda, que distintos colectivos les han presentado, como la mediación para el alquiler, el albergue para temporeros/as o los terrenos adecuados para el campamento que Defensa iba a instalar. Es natural que quienes no tienen acceso a una vivienda se manifiesten por tener la oportunidad de tener un techo bajo el que vivir, tras una jornada de trabajo en el campo.
En segundo lugar, señalar que no es coherente solicitar la prohibición de esta manifestación, en la que las personas asistentes tratarán de respetar al máximo las medidas de seguridad, mientras se permite el desarrollo normal de eventos multitudinarios en espacios cerrados. Sobre todo teniendo en cuenta que el derecho a manifestación es un derecho fundamental, que esta se ha comunicado en tiempo y forma, y que la administración competente ha considerado la no existencia de peligro para la salud pública.
En último lugar, señalar que los trabajadores del campo tienen todo nuestro apoyo en su búsqueda de una solución para el problema de vivienda que padecen, y que estamos a disposición de la clase trabajadora de Lepe para ayudarles a hacer valer sus derechos cada vez que lo necesiten», concluye el comunicado.
